Fernando Pérez Ávila – Noticia copiada del Diario de Sevilla
Juan Antonio Hans Checa, murió el pasado 23 de enero cuando fue «reducido y esposado por varios agentes de la Policía Nacional» en un hotel de Estepona, según ha denunciado este miércoles el abogado Luis Romero. Hans Checa era natural de Lora del Río, tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijos de tres y cuatro años. Murió a las 22:40 horas del citado día en el hotel Ona Valle Romano, «sin que conste que cometiese ninguna infracción penal».
Según Romero, este hombre se encontraba en Estepona porque es empresario de la construcción y tenía varias obras que atender en la ciudad. Estaba alojado en el hotel. Allí se presentaron, sobre las 21:40 horas, hasta ocho agentes de la Policía Nacional, que fueron avisados por personal del mismo porque estaba «alterado y nervioso». El abogado admite que es cierto que «a veces sufría alguna alucinación por posible brote psicótico». De hecho, sobre las 18:00 horas también había intervenido la policía en el bar Peña de la misma ciudad por «ocurrir lo mismo, siendo acompañado por los agentes al hotel sin ningún problema».
Hans Checa se encontraba hablando por teléfono en una oficina junto a la recepción cuando llegaron los policías. «Menos de una hora después de que interviniese la Policía Nacional, ya estaba muerto en unas extrañas e inexplicables circunstancias que deben ser aclaradas», apunta el abogado, que añade que durante la intervención policial tenía el teléfono abierto, pues estaba hablando con su hermano Javier. Éste escuchó que decía «no me matéis que tengo dos niños muy chiquititos».
Su esposa, que es enfermera, avisó al 112 explicando las circunstancias de su esposo desde el primer momento. «Sin embargo, la Policía Nacional decidió actuar por su cuenta empleando la fuerza, entendemos que desproporcionada, sin avisar antes a personal facultativo especializado, como psicólogos o un médico psiquiatra», continúa el relato del letrado.
La viuda y un hermano del fallecido fueron el viernes 24, así como el sábado y el domingo, hasta en cuatro ocasiones al Instituto de Medicina Legal de Málaga, Ciudad de la Justicia, para identificar el cadáver y por cuatro veces se les impidió el derecho de un familiar a reconocer el cadáver de un difunto. «Incluso el domingo lo solicitaron por escrito y les fue igualmente denegado», añade Romero, que expuso que informó de este asunto al juez del caso y éste le dijo que «no se necesitaba permiso» de él para poder ver el cadáver, pues los allegados tienen derecho a ello.
El abogado ejercerá la acusación particular en nombre de la familia del fallecido, que califica como una muerte en «extrañas circunstancias, no habiendo determinado aún la causa de la muerte el médico forense». También denuncia que no se le ha dado traslado del informe forense del levantamiento del cadáver ni del informe preliminar de la autopsia». Romero ha pedido qeu se permita a los familiares de Hans Checa ver el cadáver de éste, así como tener acceso a estos informes forenses. Igualmente, ha solicitado al juzgado que se requiera a la Policía Nacional para que aporte a la mayor brevedad posible las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar Peña y del hotel Ona Valle Romano.
Una vez tenga esto en su poder, pide al juez que sea la Guardia Civil quien lleve la investigación de la muerte, dado que la Policía Nacional «no puede tener toda la objetividad e imparcialidad necesarias para la investigación, dado que el finado falleció mientras era reducido» por agentes de este cuerpo. El abogado añade que, en casi todas las declaraciones que se han tomado a los testigos del Bar Peña y del Hotel One Valle Romano se recogen en su texto «expresiones exculpatorias para los agentes de la Policía Nacional, como que no hubo en ningún momento violencia, que su actitud fue la correcta, que hubo actitud violenta por parte del señor Hans Checa, que se empleó la fuerza mínima imprescindible, etc. empleando en el texto de dichas diligencias un vocabulario propiamente policial o incluso de personal sanitario más que el habitual de unos trabajadores que no tienen la profesión de policía o sanitario». Romero pide también que sean citados para su declaración judicial todos los agentes que intervinieron, así como todos los testigos interrogados hasta ahora.
