Este 2024 se cumplen siete años de la aprobación en sede parlamentaria de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Una ley que salió adelante sin ningún voto en contra, una ley celebrada y esperada por el movimiento memorialista, familiares y víctimas; ejemplo y referente para otras comunidades, y sobre todo una ley aplaudida por instituciones europeas y organismos internacionales.
Quedaba mucho por hacer y ese texto era el impulso definitivo para alcanzar de forma inexcusable los objetivos que la propia ley recoge, siguiendo los principios del derecho universal humanitario: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. La llegada al gobierno andaluz de un pacto de derechas con la ultraderecha interrumpió el desarrollo de la ley, mermó las dotaciones presupuestarias y frenó la mayoría de actividades y acciones memorialistas. El incumplimiento sistemático de la ley ha sido una constante en todos estos años, donde a las políticas de Memoria intentaron dejarlas morir por abandono. Ni impulso, ni derogación.
Cierto es que, mientras en aquellas Comunidades gobernadas por la derecha junto a la ultraderecha las leyes de Memoria se han derogado o están en proceso de hacerlo -pese a de las múltiples advertencias de diferentes organismos internacionales- en Andalucía no se ha producido todavía una derogación formal. Pero insistimos en que las consecuencias de este incumplimiento son exactamente las mismas.
Las víctimas seguimos y seguiremos sin descanso reclamando la atención y el cumplimiento de la verdad, la justicia y la reparación. Que se conozca y transmita la verdad de lo que ocurrió, que se recuperen los cuerpos de las 55.000 víctimas desaparecidas en Andalucía, que se les dignifique y se haga justicia con ellas. Y que no se vuelva a repetir algo similar.
Todo ello con el único fin y sentido del deber de memoria, que no es otro que sentar unas bases sólidas para que nunca más la barbarie fascista venza a la democracia y, por supuesto, que las víctimas que dieron su vida por defenderla ocupen el lugar que les corresponde en nuestra Historia, no el que les impuso el franquismo.
El neofascismo avanza, la ultraderecha entra en las instituciones y, contra el riesgo que representan sus ideas, la Memoria Democrática aporta una de las mejores defensas para salvaguardar los valores democráticos. De dónde venimos y qué podemos perder los y las demócratas. Es por ello que el movimiento memorialista exige a la Junta de Andalucía que se cumpla la Ley, como es su responsabilidad.
Que cumpla la Ley poniendo facilidades y no cortapisas a los familiares que solicitan intervenciones exhumatorias; cumpliendo la Ley en la formación del profesorado sobre materias específicas de Memoria Democrática y la ampliación, con estas materias, de los contenidos curriculares; cumpliendo la Ley con un plan de actuaciones sobre la simbología franquista; cumpliendo la Ley con la celebración institucional de la efemérides del 14 de Junio de cada año. Cumpliendo la Ley con las declaraciones de Lugares de Memoria que están pendientes desde hace años.
No puede haber fisuras, ni sociales, ni institucionales, ni políticas en el respeto y reconocimiento de quienes perdieron su vida o su libertad por defender derechos y libertades, por luchar contra una dictadura y contribuir a la llegada de la democracia.
En las siguientes generaciones está la llave del futuro. Por eso tenemos la responsabilidad de legarles la Historia y la Memoria de quienes nos precedieron, de quiénes dieron su vida por la libertad y el conocimiento de quiénes la asesinaron para asegurar sus privilegios.
Andalucía, 14 de junio de 2024